Publicada en Página/12, edición del 4 de junio de 2020 (*)

En una situación asfixiante, sin actividad y sin subsidios estatales, los espacios de la ciudad buscan consensos con respecto al pago de alquileres y tarifas para no quedar condenados al cierre definitivo.

Por María Daniela Yaccar

La situación de los espacios culturales es crítica. Lo grafica con claridad un relevamiento que difundieron en los últimos días. De más de 120 espacios de la ciudad de Buenos Aires, sólo el 22% pudo pagar el alquiler de abril. Casi la mitad (44 %) no pudo pagar nada; el 34% sólo pudo hacerlo parcialmente. La proyección para mayo empeora: sólo el 7,5% cree que podrá pagar la totalidad, el 50% afirma que no podrá pagar nada y el 42,5 restante lo hará parcialmente.

En este asfixiante contexto ya se produjo un cierre: el del Cultural Freire, de Colegiales, el sábado. “Hace más de dos meses que estamos cerrados y no sabemos cuándo volveremos a abrir. Estamos trabajando en protocolos pero son un tema aparte. No hicimos las cuentas todavía de si se puede sostener una obra con 20 personas o un recital con 50”, manifiesta a Página/12 Claudio Gorenman, referente de Abogadxs Culturales, una de las organizaciones que firma un comunicado con eje en la problemática de los alquileres, que tiene en vilo a trabajadores de espacios culturales, teatros independientes, clubes de música y espacios de circo. 

Sin el carácter de reclamo, con la conciencia de que el conflicto es general en términos de rubros y la convicción de que la salida es colectiva, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), la Cámara de Clubes de Música en Vivo (Clumvi) y Espacios Escénicos Autónomos (Escena)  se manifiestan en relación al pago de alquileres en el marco de las restricciones dispuestas por el Estado en relación al Covid-19, que paralizaron totalmente la actividad cultural. “Debemos revisar si corresponde el pago del alquiler mientras dure la situación de emergencia”, plantea el documento. “No estamos obligados al pago de aquileres ni a la cancelación de los pagarés o mutuos”, subraya, indicando que el artículo 1203 del Código Civil y Comercial contempla cesar el pago en caso de que una situación de fuerza mayor no permita “hacer uso de la cosa alquilada”

“Se podría hacer un reclamo pero no quisimos. Cada contrato y cada vínculo es un universo. No es la idea que nadie pague ni hay consenso para eso. La pandemia afecta a todo el mundo, sería una manera poco solidaria de enfocar esto”, aclara Gorenman. La lucha es diaria y constante. Algunos espacios se reconvirtieron y comenzaron a ofrecer comida y bebida. Otros encararon campañas para juntar fondos. Las clases virtuales emergieron como herramientas pero pueden ayudar sobre todo a docentes, cuando en el circuito conviven trabajadores de diferentes áreas. El panorama se agrava debido a que los subsidios de Ciudad y Nación no llegan. Sólo el teatro alternativo recibió un apoyo de parte del Instituto Nacional del Teatro (INT) a través del Plan Podestá.

“Algunos espacios decidieron cerrar pero no lo hicieron público. Esto va a ser moneda común. Por eso estamos haciendo hincapié en el tema de los alquileres y en cómo llevar adelante una buena negociación: para que esto no se vuelva una mochila imposible”, explica el abogado, también integrante de MECA. Agrega que el artículo del Código Civil ha sido una herramienta efectiva para obtener descuentos en algunas negociaciones. Los montos de alquiler oscilan entre 30 mil y 200 mil pesos y pueden representar hasta el 50 por ciento de los ingresos de una institución. La mayoría de los gestores alquila. 

Jimena López, de Espacio 33, ubicado en el barrio de Boedo y dedicado no sólo pero sí fundamentalmente al teatro, comparte la triste noticia de que evalúan el cierre del lugar. “Es difícil. Son muchos años de invertir tiempo, dinero, amor, ganas y sueños. Esta situación pone en evidencia las precarias condiciones de laburo. Cosas de base que hay que evaluar. Con la cantidad de tiempo, energía y laburo que se pone es como si no hubiera una retribución”, expresa la gestora, quien también es miembro de Escena.

La sala funciona como cooperativa y por las actividades que se desarrollan allí tienen ingresos diez personas. Hasta ahora vienen subsistiendo gracias a un subsidio del INT que cobraron hace poco pero que corresponde al año pasado. Clases y eventos on line no dan ingresos como para sostenerse. “Si el sistema se reactiva se va a reactivar con un porcentaje limitado. Nuestra sala tiene 35 localidades. Si empezamos a funcionar con un 25 por ciento, ¿cómo hacemos? La situación va a ser complicada también”, manifiesta López acerca del incierto futuro.

“¿Como hago para volver a abrir este monstruo con capacidad para 110 personas?”, coincide Alejandra Carpineti, productora de La Carpintería (Abasto) e integrante de la comisión directiva de ARTEI. 

Proyectos de ley

Otra preocupación fundamental es la de las tarifas. Como Edesur y Edenor no miden los consumos cobran de acuerdo al promedio, y los montos no reflejan el nulo gasto de los centros culturales paralizados. “Tomamos la decisión de no dar a las energéticas la poca plata que nos queda. Decidimos que habría deuda. No pagar ninguna factura hasta volver a abrir. Si después queremos abrir y no tenemos luz, que salte todo”, cuenta Carpineti.

Hace por lo menos cinco años que el sector independiente lucha por una tarifa diferenciada. “Es un tema instaladísimo socialmente. Tiene que ser una de las conquistas de la pandemia. Las salas nos venimos dedicando a ser un pasamanos entre el Estado y las empresas privatizadas. Con los quilombos que armamos, el Estado larga algo de guita y pagamos las tarifas”, grafica la actriz. Al asunto de la sobrefacturación se sumó el tipo de tarifa que algunos espacios deben afrontar: La Carpintería, por ejemplo, paga por “suministro contratado”, lo que implica un mínimo de 15 mil pesos aunque nada consuma. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con una resolución, ayudó a “elevar reclamos”.

Carpineti explica que no se puede hacer frente al dilema de los alquileres con el mismo parámetro que el de las tarifas. “Son contratos entre particulares y cada caso es un mundo”, postula. A lo mejor es un jubilado el que depende de ese pago. No obstante, según ella sería fundamental encaminarse hacia “una ley de alquileres que proteja a los centros culturales“: “Alquilamos inicialmente galpones en los que invertimos un montón de dinero en refacciones que van capitalizando el lugar. No se puede perder eso en una no renovación por falta de pago en este contexto”.

En relación a las tarifas, un proyecto de ley acaba de ingresar al Congreso Nacional. Atiende al viejo reclamo de una tarifa diferenciada para servicios de luz y gas. Otro propone crear un registro nacional de espacios autogestivos e independientes. Y en la Legislatura porteña hay una tercera iniciativa que propone la producción de material que podría difundirse mediante el sistema de medios de la Ciudad y generar ingresos. “Creo que todos los proyectos suman, aportan. No nos metimos dentro de la letra de la ley en el caso del de la Ciudad. Nos encantaría tener una tarifa diferenciada. Vamos atacando cada tema por separado y generando herramientas”, concluye Gorenman.

(*) https://www.pagina12.com.ar/270061-centros-culturales-con-la-soga-al-cuello

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